
Fuente: teinteresa.es
Fecha: 18/02/2013
- Viene gente que no ha pisado un juzgado y no sabe usar el ordenador. Es un caos"
- La bolsa de interinidad entre el personal administrativo de la justicia representa el 38% del total. Los jueces admiten que hay vacantes que se cubren por personal sin formación.
- Los juzgados de un mismo partido judicial no están conectados. Tampoco hay un sistema común con Fiscalía ni con la Policía.
- Casi 2,5 millones de resoluciones judiciales están pendientes de ejecutar.
Los jueces llevan mucho tiempo alzando la voz sobre un modelo judicial anticuado, incluso obsoleto, ni siquiera los juzgados del mismo partido judicial pueden compartir información porque no existe un sistema informático para intercambiar archivos y datos. "No es posible consultar los datos de otro juzgado, del mismo partido judicial o de otro. De modo que en fines de semana un juzgado de guardia se queda aislado", cuenta el juez titular de un juzgado de instrucción de la provincia de Málaga.
Los magistrados se quejan de que la ausencia de un programa informático para compartir la información entre los juzgados causa trastornos y dilata la resolución de los procedimientos. En los casos de busca y captura se soluciona este problema porque el juzgado debe hacer un testimonio, que es una copia de un procedimiento con lo imprescindible, y enviarlo al juzgado de guardia de cada demarcación judicial. Solo así se puede saber si un detenido está reclamado por otro juzgado.
Tampoco hay coordinación vía telemática con la Fiscalía, que tiene su propio sistema informático, ni con la Policía. Hay una excepción; en los casos de violencia machista los jueces pueden consultar la evolución de la causa mediante un programa común, conocido como punto neutro.
Según el relato de este juez, uno de los mayores problemas del funcionamiento judicial es la falta de preparación del personal administrativo. "Lamentablemente hay muchos juzgados que sufren esto.Bajas que se cubren por gente que no tiene ni idea, que en la vida ha pisado un juzgado, que no sabe usar el ordenador. Vamos, barbaridades".
El magistrado asegura que en el anterior juzgado vivió esta situación: "El personal es fundamental. Estás vendido si no hay una plantilla adecuada.No ten dan cuenta de asuntos, no cumplen órdenes, no tramitan... Un caos".
José Luis González Armengol, juez decano de Madrid y portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, asegura que la bolsa de interinidad entre el personal técnico y administrativo es de 38%. Sostiene que la mayoría de los interinos están preparados y van ampliando la formación a medida que ocupan puestos. Pero admite: "Ahora nos estamos encontrando bolsas en las que no ha habido criterios exigentes, de un mínimo de formación. Vemos a gente que no ha trabajado nunca en la justicia. Esto puede hacer daño a la tramitación de los asuntos".
Los jueces reclaman más autonomía económica y potestad para tomar decisiones sobre el día a día en los juzgados. "No podemos estar mendigando a la administración autonómica cada vez que hay un funcionario de baja, o para que arreglen los sistemas de grabación. Aquí nos pasó y tardaron más de tres meses en arreglarlo. Tuvimos que suspender juicios", cuenta el magistrado de Málaga.
El sistema judicial se enfrenta a la constante crítica de la lentitud en la resolución de los procesos. Se calcula que en la actualidad hay tres millones de asuntos que deben resolver los tribunales. Los litigios con la administración pueden prolongarse durante cuatro años.
Casi 2,5 millones de resoluciones sin ejecutar
Pero no solo hay atasco en la tramitación. También en la ejecución de las resoluciones judiciales. El caso Mari Luz, que evidenció el colapso en la ejecución de las sentencias ya que no se cumplió la orden para encarcelas al pederasta Santiago del Valle, supuso un punto de inflexión en las llamadas ejecutorias, en concreto en el ámbito penal.
Pero sigue habiendo un cuello de botella, sobre todo en el ámbito civil.Según los últimos datos del CGPJ, hay casi 2,5 millones de resoluciones pendientes de ejecutar, la gran mayoría en lan jurisdicción civil, relativo a deudas, embargos, asuntos de familia. Los juzgados pueden tardar dos años y medio en hacer efectiva la decisión del juez.
González Armengol sostiene que en el 20% de las resoluciones civiles se solicita la ejecución de la resolución; lo puede pedir el propio afectado. "Aquí hay un doble problema: la falta de recursos e interconexión entre las autoridades que alarga el proceso, y que no existe la mentalidad anglosajona de cumplir voluntariamente la sentencia".







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